El presente trabajo hace parte de la tesis doctoral del autor adelantada a instancia de la Facultad de derecho de la Universidad del Saarland, en Saarbrücken, Alemania, que ha de ser publicada en su momento y en la cual se adelanta una aproximación teórica a la dinámica cotidiana de la justicia penal de emergencia en Colombia. Dicha indagación teórica se desarrolla a partir del análisis del denominado "eficientismo penal" y teniendo como base la noción de "derecho penal de enemigo". La redacción de la tesis doctoral ha sido posible gracias a la financiación brindada al autor por la Fundación Konrad-Adenauer, y al apoyo generoso y permanente del profesor doctor Alessandro Baratta. El tema es de extrema actualidad en nuestra coyuntura política y jurídica. Como se sabe, el artículo 205 transitorio de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ha dispuesto que la justicia regional-forma en la cual se manifiesta hoy institucionalmente la justicia penal de emergencia- "dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999". En relación con esta disposición, se discute intensamente en qué condiciones -si es que se cumple realmente lo ordenado por la Ley Estatutaria- debe darse el paso a una nueva estructura normativa que remplace la justicia regional, qué tipo de normas transitorias deben emitirse para hacer viable el paso a una nueva legislación penal más coherente con postulados garantistas constitucionales, cómo se debe dar coherencia a los proyectos de reformas en curso de la legislación sustantiva, procesal y penitenciaria en relación con la justicia penal de emergencia, qué tipo de justicia penal especial seguirá rigiendo y para qué tipo de actores, etc. Cerca de 10 años de funcionamiento de la denominada "justicia sin rostro", han ocasionado que al margen de las preguntas esenciales por su eficacia real en la práctica, y por el impacto general que ella ha producido sobre los derechos y las garantías, la discusión se haya desplazado más hacia los distintos actores que en ella han sido juzgados y a los intereses políticos que dichos actores representan o movilizan. Es decir, se han movido en la discusión intereses políticos coyunturales que le restan seriedad a la discusión misma y que hacen perder de nuevo la oportunidad de construir una política criminal seria, ponderada, edificada hacia el futuro y no esclava de las coyunturas; una política criminal coherente además con postulados constitucionales claros en relación con la edificación de un derecho penal de la Constitución para Colombia. Por esta razón, además, el debate ha tendido a polarizarse, como siempre ocurre en estos casos, de manera que las diversas posiciones alrededor de la justicia regional, quedan ahogadas en la lógica perversa de amigos y enemigos, y en la lógica moralizante de buenos y malos. El presente trabajo, escrito antes de haberse tomado decisiones definitivas por parte del órgano legislativo en relación con el destino de la justicia regional, pretende ser un aporte, desde el ámbito de la teoría del derecho penal, a la intensa discusión que hoy en día se lleva a cabo, teniendo en cuenta tanto los antecedentes de la expedición del "Estatuto para la defensa de la Justicia", como las perspectivas posibles para la defensa del garantismo penal, incluso en las futuras legislaciones penales de emergencia. Por eso no se trata de una indagación de carácter puramente coyuntural, sino que tiene la pretensión de colaborar, en una perspectiva de futuro, con la reflexión correspondiente.